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28 Abril, 2017 El Apoderado Legal de la compañía Grupo Integral de Recolección y Reciclados del Occidente, S.A de C.V, (GIRRSA) Gerardo Jáuregui, dio a conocer que desde que se les entregó el titulo de concesión para el alumbrado público por la pasada administración municipal encabezada por Esthela Ponce Beltran, la empresa ha estado trabajando pese a lo que refiere la actual administración de Armando Martinez Vega.
La empresa dio a conocer que desde el pasado 13 de junio del 2016 el Ayuntamiento ha incumplido con la orden del Juez Segundo de Distrito en BCS, cuando concedió la suspensión provisional y después ordenara pagar alrededor de 26 millones de pesos por el concepto de prestación, explotación, administración y conservación del servicio del alumbrado público.
Segun palabras del apoderado legal se ha incumplido por parte del Ayuntamiento, lo que a corto plazo afirma les causarais serios problemas “La autoridad les ha requerido para que en más de dos ocasiones den cumplimiento y no lo han hecho, el área de consejería jurídica se ha encargado de dilatar nadas más lo que es irremediable, que es acatar la orden, y la actitud rebelde que toman va traer la consecuencia que arroja la ley de amparo, que es la configuración de un delito especial en esta caso la inhabilitación y destitución del caso”.
En caso de que el Ayuntamiento no pague por los servios prestados por la empresa “GIRRSA” afirma el apoderado legal, habrá consecuencias mayores, ante el incumplimiento.
La actitud de los funcionarios públicos en el Ayuntamiento expresa es ser omisos y afirma que en caso de no pagar la deuda, el Juez Federal podría ordenar la destitución del Alcalde Armando Martinez Vega, la sindica Municipal Rosa Evelia Solorio Ramirez, el Director de Asuntos Juridicos Santiago Leal Amador, Tesorero Municipal Raul Adrina Calderon Jordan, así mismo todos los regidores paceños.
Las prestaciones y el servicio se ha realizado afirma la empresa, por lo tanto se debe respetar el trato realizado, de no hacerlo dicen que los esperan en los tribunales.
La autoridad a caído en desacato afirma la empresa, manifestándose con falsedades asegurando que es la misma Consejería jurídica del Ayuntamiento quien se conduce con falsedad ante el propio cabildo, ya que este ultimo no sabe cual es la realidad jurídica del desacato.
Las próximas medidas a tomar traería consecuencias como: la apertura de una averiguación previa ante la Procuraduría Feneral de la Republica al ser un delito especial, segundo solicitud al Congreso del Estado para el desafuero y destitución de funcionarios municipales como el Presidente Municipal, Regidores, Sindico municipal y tesorero y por ultimo un cumplimiento sustituto que puede ser embargo del ayuntamiento, congelamiento de sus cuentas para pagar las tarifas que se han generado.
La empresa afirma que ha sado laborando desde el primer de julio de 2015.
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